Disidentes de varias organizaciones presentaron hoy, a título de "ciudadanos", un documento ante el Parlamento cubano en el que solicitan al Gobierno la publicación de dos pactos de derechos humanos que suscribió en febrero pasado.


El presidente del Partido Liberal Nacional cubano, León Padrón, uno de los firmantes de la propuesta, indicó hoy a Efe que la publicación de los convenios internacionales para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Derechos Civiles y Políticos es un paso "necesario" y requiere un debate entre la población.

Padrón dijo que la iniciativa surgió ante el "marasmo" en el que, en su opinión, se encuentra el Gobierno por no dar un "segundo paso" que le lleve a publicar los pactos en la gaceta oficial y en los medios de prensa, todos en manos del Estado.

Señaló que la Policía les visitó el miércoles para conocer los detalles de la petición, aunque aclaró que "no fue nada abrupto", y esta mañana una secretaria en la Asamblea Nacional recibió "bien" la propuesta.

Los firmantes, una quincena de opositores de trece agrupaciones y movimientos disidentes, proponen en el texto varios extractos de los pactos para su publicación y sometimiento a "un debate nacional con todos lo cubanos".

Padrón sostuvo que su agrupación vio muy positiva la decisión tomada por el Gobierno de Cuba en febrero, aunque cree que las reformas que había iniciado el presidente Raúl Castro son "insuficientes" hasta el momento.

La intención del grupo ahora es esperar la respuesta del Gobierno en el término de los 60 días establecidos para ello y, en caso de que no lo haga, comenzar una campaña de recogida de fimas para volver a presentar el documento con respaldo popular ante el Parlamento.

"Tenemos fe y esperanza en que los cambios en Cuba los podamos obtener nosotros mismos desde aquí, desde la isla", dijo.

El diario oficial Granma informó el pasado 28 de febrero de que el Gobierno había firmado los dos pactos en las Naciones Unidas y publicó declaraciones del canciller, Felipe Pérez Roque, en las que afirmaba que los derechos recogidos en estos convenios se encontraban reconocidos en la Constitución de la República.

Pérez Roque señaló entonces que la firma se produjo después de que "el mandato selectivo e injusto contra Cuba, impuesto por la brutal presión y chantaje de los Estados Unidos en la desaparecida Comisión de Derechos Humanos ha sido claramente derrotado".


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