Buscan prohibir uso de fondos estatales para viajes universitarios a Cuba

Los viajes de intercambio académico a Cuba siguen bajo fuego en Tallahassee.

El representante estatal cubanoamericano David Rivera confirmó que el pleno de la Cámara de Representantes de la Florida decidirá el próximo martes sobre el proyecto de presupuesto de educación, que incluye una cláusula que prohíbe el uso de fondos estatales para viajes universitarios a Cuba.

La propuesta de ley cubre el periodo fiscal que va del 1ro de julio del 2009 al 30 de junio del 2010.

"Quiero asegurar que ningún dinero del contribuyente sirva para viajar a países terroristas como Cuba, hasta que tome mi último respiro legislativo'', aseguró Rivera.

En noviembre pasado, una impugnación a la ley que limita los viajes educativos a Cuba fracasó en una Corte Federal del Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia, meses después de que una jueza federal de Miami liberase las restricciones impuestas.

El abogado y representante del capítulo local de ACLU, John de León, criticó la iniciativa de Rivera y aseguró que representa un atentado a la independencia de que gozan los centros de estudios.

"Su actitud es desafortunada'', opinó De León.

Asimismo la subdirectora del Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe y el Centro de Estudios Cubanos (CRI) de la Universidad Internacional de la Florida, Uva de Aragón, dijo que "independientemente de las ideas políticas, claramente es una intromisión a la libertad académica''.

"Sobre todo cuando una buena parte del exilio favorece los contactos con Cuba'', anotó De Aragón, quien a comienzos de año visitó la isla para dictar una serie de conferencias.

Las normas que limitaron inicialmente los viajes educativos fueron impuestas en el 2006 a instancias del representante Rivera. La legislación levantó un sinfín de críticas, entre otras, porque no hizo mucha diferencia sobre el origen de los fondos, es decir, que tanto las aportaciones públicas como las privadas eran medidas con la misma vara.

Por otra parte, el juez federal de distrito Alan S. Gold ventilará mañana en Miami una petición de los dueños de las agencias especializadas en viajes a Cuba, que solicitaron una opinión sobre la ley estatal que exige a esta industria primas adicionales hasta de $250,000 y honorarios de registro de $2,500.

La ley fue impulsada por Rivera y aprobada por la legislatura de la Florida en el 2008.

En julio, el juez Gold emitió un interdicto temporal contra la norma para solicitar la opinión del Departamento de Justicia, que a la vez cuestionó el alcance de la ley por afectar el manejo de los asuntos de política exterior.

Armando García, presidente de la agencia de viajes Marazul, consideró que una decisión positiva del juez Gold pondrá fin a un capítulo "que se ha ensañado contra las familias cubanas".